SANTO DOMINGO, República Dominicana. – El abogado Yan Martínez advirtió que el hombre investigado por la difusión de un video en TikTok, en el que aparece sosteniendo a una bebé mientras realiza expresiones de contenido sexual, podría enfrentar una condena de hasta 60 años de prisión, si las autoridades logran demostrar la existencia de varias infracciones penales y se cumplen las condiciones legales para la acumulación de sanciones.
La advertencia constituye una interpretación jurídica sobre las posibles consecuencias del caso y no significa que el Ministerio Público haya presentado formalmente esas acusaciones ni que exista una condena judicial.
El caso fue remitido a las autoridades por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), después de que el audiovisual generara cuestionamientos sobre la protección de los derechos y la privacidad de la menor.
Abogado señala tres posibles infracciones penales
Durante su análisis, Martínez sostuvo que las circunstancias descritas podrían ser examinadas a la luz de diferentes disposiciones del Código Penal dominicano.
El abogado mencionó tres posibles figuras jurídicas: agresión sexual, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y explotación sexual agravada.
Según explicó, la eventual aplicación de estas disposiciones dependerá de los hechos que puedan demostrarse mediante las investigaciones.
No obstante, corresponde al Ministerio Público establecer los hechos relevantes y determinar las imputaciones que procedan, mientras que los tribunales tienen la responsabilidad de valorar las pruebas y decidir cualquier eventual condena.
Las expresiones contenidas en una publicación no permiten, por sí solas, afirmar que todas las infracciones mencionadas por el abogado se hayan configurado.
¿Qué establece el artículo 134 sobre agresión sexual?
Martínez hizo referencia al artículo 134 del Código Penal, específicamente a su párrafo III, que contempla sanciones de 20 a 30 años de prisión mayor cuando una agresión sexual es cometida por un adulto contra un niño, niña o adolescente, entre otras personas protegidas por esa disposición.
Sin embargo, para aplicar dicha figura jurídica resulta necesario demostrar que los hechos reúnen los elementos establecidos para el delito.
Por esa razón, la pena mencionada por el abogado no puede interpretarse como una sanción automática por la publicación de un audiovisual.
La investigación deberá establecer las circunstancias concretas de lo ocurrido antes de determinar si existe fundamento para una acusación de esa naturaleza.
Explotación sexual de menores: ¿qué contempla el artículo 180?
Como segundo elemento, el jurista citó los numerales 4 y 5 del artículo 180, relacionados con determinadas modalidades de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
Estas disposiciones incluyen conductas vinculadas con la producción, difusión o utilización de imágenes de menores en actividades sexuales o eróticas, así como otros actos de explotación contemplados en la legislación.
El abogado considera que estas normas podrían resultar relevantes para el análisis del video difundido en TikTok.
No obstante, su aplicación exige examinar cuidadosamente el contenido, las circunstancias de la grabación y los elementos específicos requeridos por la ley.
La existencia de expresiones inapropiadas no demuestra automáticamente que se haya producido explotación sexual en los términos jurídicos previstos.
Parentesco podría ser una circunstancia agravante
Martínez también mencionó el artículo 181, relativo a la explotación sexual agravada de niños, niñas y adolescentes.
Esta disposición contempla penas de 20 a 30 años de prisión mayor en determinados supuestos, entre ellos cuando la persona responsable mantiene una relación de parentesco con la víctima.
En el caso investigado, el hombre aseguró públicamente que la bebé es su sobrina.
El abogado sostuvo que ese vínculo familiar, lejos de constituir una justificación, podría adquirir relevancia jurídica si las investigaciones demostraran una conducta comprendida dentro de las infracciones contempladas por la legislación.
Sin embargo, el parentesco por sí solo no demuestra la comisión de un delito. Su posible efecto agravante dependerá de que primero se establezcan los hechos y las responsabilidades correspondientes.
¿Por qué el abogado habla de una posible condena de 60 años?
Uno de los aspectos centrales de las declaraciones de Martínez es la posibilidad de que concurran varias infracciones penales.
El jurista explicó que, bajo su interpretación de las reglas relacionadas con el concurso de infracciones, una eventual acumulación de sanciones podría alcanzar los 60 años de prisión.
También señaló que, si se tratara de un concurso ideal de infracciones, la sanción podría situarse entre 20 y 30 años, dependiendo de la calificación jurídica aplicable.
La diferencia entre ambos escenarios radica en cómo se relacionan los hechos y las infracciones que puedan establecerse.
La determinación de un concurso real o ideal requiere un análisis jurídico y probatorio específico.
Por tanto, la cifra de 60 años constituye un escenario planteado por el abogado, no una pena solicitada oficialmente ni una condena impuesta al investigado.
Ministerio Público investiga el audiovisual difundido en TikTok
El caso tomó relevancia pública después de que circulara en redes sociales un video en el que el hombre aparece sosteniendo a una bebé mientras realiza expresiones de carácter sexual.
Posteriormente, el involucrado publicó otra grabación en la que manifestó que la menor era su sobrina y defendió su decisión de compartir imágenes familiares en internet.
Ante la difusión del material, CONANI informó que había puesto el caso en conocimiento del Ministerio Público.
Los reportes sobre las diligencias posteriores indican que el hombre fue sometido a interrogatorio por las autoridades encargadas de investigar posibles delitos sexuales.
El procurador fiscal Nelson Beltré informó que la niña se encuentra a salvo y bajo protección, mientras distintas dependencias especializadas participan en la investigación.
Entre las unidades mencionadas figuran organismos relacionados con la protección de niños, niñas y adolescentes y la investigación de delitos de alta tecnología.
Protección de la bebé y respeto al debido proceso
El caso plantea dos responsabilidades que deben desarrollarse simultáneamente: proteger los derechos de la menor y garantizar que cualquier actuación penal respete el debido proceso.
La identidad, las imágenes y la información personal de la niña deben manejarse con especial cuidado para evitar una exposición innecesaria.
Asimismo, las investigaciones deben permitir establecer los hechos mediante pruebas obtenidas y examinadas conforme a la ley.
La presunción de inocencia protege a toda persona investigada y exige que una eventual declaración de responsabilidad sea resultado de una decisión judicial.
Por su parte, las instituciones de protección de la niñez tienen la obligación de actuar dentro de sus competencias para prevenir riesgos y garantizar el bienestar de los menores involucrados.
¿Qué falta por esclarecer en este caso?
Entre los aspectos pendientes se encuentra conocer cuáles hechos serán considerados relevantes por el Ministerio Público y si las autoridades formularán una acusación penal.
También será necesario establecer si existen elementos suficientes para aplicar alguna de las figuras jurídicas mencionadas por Martínez.
El análisis definitivo deberá tomar en cuenta el contenido del audiovisual, el contexto de su elaboración y difusión y cualquier otra evidencia obtenida legalmente.
Hasta el momento, las declaraciones del abogado representan una valoración sobre posibles consecuencias penales, no una decisión vinculante para el proceso.
Mientras continúan las investigaciones, la prioridad es garantizar la protección de la bebé y permitir que las autoridades establezcan los hechos sin anticipar conclusiones de culpabilidad.
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