SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA. – El partido opositor Fuerza del Pueblo (FP) solicitó este martes 17 de noviembre de 2026 una auditoría especial al programa de protección social Supérate y pidió a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) investigar posibles irregularidades en la incorporación de beneficiarios y el manejo de recursos públicos.
La solicitud fue presentada por el exvicepresidente de la República Rafael Alburquerque, quien denunció que una resolución administrativa de 2022 habría permitido incorporar 700.000 beneficiarios a los programas Aliméntate y Bonogás, con un compromiso económico estimado por la organización en RD$8.196 millones anuales.
El dirigente cuestionó especialmente que, según su interpretación de la resolución, algunas familias pudieran ingresar a los programas antes de completar su evaluación socioeconómica por el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN).
Las afirmaciones corresponden a una denuncia de la organización opositora y no constituyen una determinación de irregularidad administrativa o responsabilidad penal.
Fuerza del Pueblo solicita auditoría a la Cámara de Cuentas
Durante una rueda de prensa celebrada en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, Alburquerque pidió que la Cámara de Cuentas examine los procedimientos de incorporación de beneficiarios, los desembolsos realizados y los mecanismos de control utilizados por Supérate.
También solicitó que la PEPCA investigue aquellas actuaciones que pudieran tener relevancia penal, respetando el debido proceso y sin anticipar responsabilidades.
El exvicepresidente estuvo acompañado por Fernando Caamaño, secretario de Seguridad Social de Fuerza del Pueblo, así como por Daniel Fernández, Van Elder Espinal y Fernando Reyes, integrantes de la organización.
De acuerdo con la información publicada sobre la comparecencia, la organización prevé tramitar formalmente su solicitud a través de su área jurídica.
La petición pública de una investigación no significa que los organismos correspondientes hayan iniciado ya una auditoría especial o un procedimiento penal por estos señalamientos.
Cuestionan resolución que permitió ampliar programas sociales en 2022
El principal cuestionamiento de Fuerza del Pueblo se concentra en la Resolución Administrativa 003-2022, fechada el 12 de abril de 2022.
Según Alburquerque, la disposición contempló la incorporación de 300.000 hogares al programa Aliméntate y 400.000 beneficiarios al Bonogás.
El dirigente sostuvo que estas incorporaciones representaron un compromiso económico de aproximadamente RD$683 millones mensuales, equivalente a RD$8.196 millones al año.
Sin embargo, estas cifras requieren una revisión de los padrones y los desembolsos efectivos para determinar cuántas incorporaciones se ejecutaron, durante qué períodos y cuáles fueron los recursos realmente pagados.
También debe tenerse en cuenta que los 300.000 registros de Aliméntate se describen como hogares, mientras que los 400.000 de Bonogás se presentan como beneficiarios. Por ello, la suma no demuestra necesariamente que se trate de 700.000 familias o personas diferentes.
El papel del SIUBEN en la selección de beneficiarios
Uno de los puntos centrales de la denuncia es el procedimiento utilizado para identificar a las familias que reciben subsidios estatales.
El Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) tiene entre sus funciones identificar y clasificar hogares según sus condiciones socioeconómicas, información utilizada para orientar la asignación de ayudas públicas.
En su documentación institucional, Supérate explica que la evaluación del SIUBEN constituye un elemento fundamental para determinar la elegibilidad de los hogares.
Alburquerque cuestionó que la resolución de 2022 contemplara, según su denuncia, incorporar familias antes de completar esa categorización.
Para establecer si existió alguna infracción sería necesario examinar el texto íntegro de la resolución, las normas vigentes en el momento de su aplicación y las condiciones particulares bajo las cuales fueron seleccionados los beneficiarios.
La existencia de un mecanismo de incorporación previo a una evaluación no demuestra automáticamente una actuación delictiva, ya que también deben considerarse las excepciones y disposiciones aplicables a cada programa.
Bono Navideño de 2026 también es objeto de cuestionamientos
El exvicepresidente extendió sus críticas a la Resolución 071-2026, del 21 de octubre, relacionada con la organización del Bono Navideño.
Según sus declaraciones, la disposición contempla procedimientos para identificar beneficiarios, distribuir tarjetas y elaborar nóminas de depósitos.
Fuerza del Pueblo considera que estas actuaciones podrían interferir con las funciones de clasificación socioeconómica que corresponden al SIUBEN.
La organización pidió conocer qué criterios se utilizaron para seleccionar a las personas beneficiarias y qué documentación respalda las decisiones administrativas.
No obstante, para determinar si la resolución incumple alguna disposición legal resulta necesario examinar su contenido completo y las competencias de las instituciones participantes.
Oposición señala más de RD$23.000 millones en bonos anunciados y presupuestados
Alburquerque también presentó cifras relacionadas con el Bono Navideño.
Según el dirigente, entre 2020 y 2025 las autoridades anunciaron ayudas por más de RD$19.000 millones, mientras que el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027 contempla otros RD$4.000 millones para ese concepto.
La suma de ambas cantidades supera los RD$23.000 millones.
Sin embargo, es importante distinguir entre recursos anunciados, montos presupuestados y desembolsos efectivamente ejecutados.
Una asignación incluida en un proyecto presupuestario no equivale a un gasto realizado.
Por tanto, estas cifras no deben interpretarse como una cantidad comprobada de dinero utilizado irregularmente.
La revisión de los informes presupuestarios y de ejecución permitiría precisar el alcance real de los recursos destinados a estos programas.
¿Cómo se puede comprobar si los subsidios llegaron a las familias elegibles?
Una auditoría sobre programas sociales puede examinar diferentes aspectos administrativos y financieros.
Entre ellos se encuentran la existencia de evaluaciones socioeconómicas, los criterios de selección de beneficiarios, las autorizaciones de incorporación y la correspondencia entre las nóminas y los desembolsos.
También puede analizarse si existen registros duplicados, pagos que no cumplen los requisitos establecidos o diferencias entre las cantidades autorizadas y las efectivamente entregadas.
Estas verificaciones son importantes porque permiten distinguir entre errores administrativos, excepciones permitidas por la normativa y posibles irregularidades que requieran actuaciones adicionales.
En el caso de Supérate, existen conjuntos de datos públicos sobre nóminas de subsidios sociales que pueden servir como punto de partida para examinar la evolución de los padrones.
No obstante, una revisión completa requiere documentación adicional y no puede limitarse a comparar cifras generales.
Supérate mantiene que la focalización de las ayudas se apoya en el SIUBEN
En su información institucional, Supérate explica que los hogares son evaluados y clasificados por el SIUBEN para determinar sus condiciones de vulnerabilidad.
El programa contempla subsidios como Aliméntate, Bonogás y Bonoluz, además de otras iniciativas de protección social.
Por su parte, la Presidencia de la República informó en octubre de 2026 sobre los recursos destinados a la protección social y destacó el papel del SIUBEN en la identificación de las familias beneficiarias.
Estas explicaciones institucionales describen el funcionamiento general de los programas, pero no constituyen una respuesta específica a las denuncias presentadas este 17 de noviembre.
Hasta la información consultada para esta publicación, no se ha identificado una contestación oficial de Supérate que aborde punto por punto los nuevos señalamientos de Fuerza del Pueblo.
Fuerza del Pueblo rechaza supuesto uso electoral de los subsidios
Durante su intervención, Alburquerque sostuvo que su organización no se opone a los programas de asistencia social.
El dirigente afirmó que los subsidios deben utilizarse para proteger a las familias vulnerables y cuestionó lo que considera riesgos de clientelismo político en su administración.
También formuló críticas contra el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el Gobierno, a los que atribuyó presuntas prácticas de utilización política de los recursos públicos.
Estas acusaciones forman parte de la posición de Fuerza del Pueblo y no deben confundirse con conclusiones de una investigación judicial o de una auditoría independiente.
La existencia de un programa de ayudas sociales, su ampliación o el incremento de su presupuesto no prueban por sí mismos que se utilice con fines electorales.
Para sostener una acusación de esa naturaleza serían necesarias evidencias específicas sobre las decisiones adoptadas y su finalidad.
Transparencia en los programas sociales
La administración de subsidios públicos requiere mecanismos que permitan verificar quiénes cumplen los criterios de elegibilidad y cómo se utilizan los recursos.
La transparencia en los padrones, las evaluaciones y los desembolsos puede contribuir a detectar errores y fortalecer la confianza ciudadana.
Al mismo tiempo, los controles deben proteger la información personal de las familias beneficiarias y evitar que los datos sensibles sean expuestos innecesariamente.
Una evaluación institucional también debería considerar si los mecanismos de selección permiten responder oportunamente a situaciones de pobreza, vulnerabilidad o emergencia.
El objetivo de estos controles es garantizar que los recursos públicos se administren conforme a la normativa y lleguen a quienes reúnen las condiciones establecidas.
A la espera de actuaciones de los organismos fiscalizadores
La denuncia presentada por Fuerza del Pueblo abre un nuevo debate sobre los mecanismos de selección, supervisión y fiscalización de los programas de protección social en República Dominicana.
La organización solicita que la Cámara de Cuentas examine las incorporaciones y desembolsos de Supérate, mientras que la PEPCA determine si existen actuaciones que ameriten una investigación penal.
Por ahora, las cifras de 700.000 incorporaciones y RD$8.196 millones anuales corresponden a los señalamientos expuestos por Rafael Alburquerque.
No se ha establecido mediante una auditoría independiente que esas incorporaciones fueran ilegales ni que los recursos señalados hayan sido desviados.
Las conclusiones dependerán de la documentación administrativa, las verificaciones correspondientes y las eventuales actuaciones de los organismos competentes.

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