Pablo Ulloa respalda tribunales móviles para agilizar la justicia y enfrentar la sobrepoblación carcelaria en RD

PUERTO PLATA, República Dominicana. – El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, expresó su respaldo a la propuesta del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Justiniano Montero Montero, de reactivar los tribunales móviles en centros penitenciarios, como una alternativa para agilizar los procesos judiciales y facilitar el acceso a la justicia de las personas privadas de libertad.

Ulloa considera que esta iniciativa podría contribuir a reducir los aplazamientos de audiencias, disminuir las dificultades relacionadas con el traslado de internos y fortalecer las garantías constitucionales de quienes permanecen bajo custodia del Estado.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante la celebración de la Ruta por la Ciudadanía en Puerto Plata, una jornada organizada por la Defensoría del Pueblo para promover el conocimiento de los derechos fundamentales.

Pablo Ulloa destaca importancia de garantizar el debido proceso

El defensor del Pueblo explicó que la instalación de tribunales móviles permitiría acercar los servicios judiciales a los centros penitenciarios y facilitar el cumplimiento de las garantías establecidas en la Constitución dominicana.

En particular, hizo referencia al artículo 69 de la Constitución, que reconoce el derecho de toda persona a obtener tutela judicial efectiva y a que sus asuntos sean examinados conforme al debido proceso.

«Aplicar la medida de los tribunales móviles garantiza el artículo 69 de la Constitución: el debido proceso. Y con eso enfrentamos uno de los problemas más grandes que tienen nuestras cárceles, que es la sobrepoblación», expresó Ulloa.

El funcionario sostuvo que las dificultades logísticas no deberían convertirse en obstáculos que retrasen innecesariamente la celebración de audiencias o la resolución de los procesos judiciales.

Desde esta perspectiva, la propuesta busca facilitar el acceso a los tribunales y mejorar la coordinación entre las instituciones responsables de la administración de justicia y el sistema penitenciario.

¿Cómo funcionarían los tribunales móviles en las cárceles?

Los tribunales móviles son mecanismos que permiten celebrar determinadas actuaciones judiciales fuera de las sedes tradicionales de los tribunales, mediante instalaciones y procedimientos habilitados para esos fines.

La propuesta anunciada por Justiniano Montero contempla establecer estos tribunales en centros penitenciarios con elevada población reclusa.

El objetivo es evitar que todos los internos tengan que ser trasladados constantemente a otras jurisdicciones para participar en determinadas audiencias.

Según las informaciones divulgadas sobre el plan del presidente de la Suprema Corte de Justicia, la iniciativa se desarrollaría de manera focalizada y con participación de instituciones del sistema judicial.

Este modelo podría facilitar la organización de audiencias y reducir algunas dificultades operativas relacionadas con el transporte y la custodia de las personas privadas de libertad.

Sin embargo, su implementación deberá garantizar que los participantes dispongan de las condiciones necesarias para ejercer sus derechos procesales.

Sobrepoblación carcelaria: uno de los desafíos del sistema penitenciario

Durante sus declaraciones, Pablo Ulloa hizo referencia a una población penitenciaria de aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad en República Dominicana.

El defensor del Pueblo planteó que el acceso oportuno a la justicia constituye un asunto fundamental para este grupo de ciudadanos.

En el sistema penitenciario, la sobrepoblación puede generar dificultades relacionadas con el alojamiento, los servicios básicos, la atención sanitaria y la organización de los procedimientos judiciales.

Además, los retrasos en determinadas audiencias pueden prolongar situaciones procesales pendientes de resolución.

No obstante, es importante precisar que la instalación de tribunales móviles no reduce automáticamente el número de personas encarceladas.

Su posible contribución dependerá de que las audiencias permitan resolver casos pendientes y de las decisiones que adopten los jueces conforme a la legislación.

La cifra de 25,000 internos corresponde a la estimación mencionada por Ulloa y no debe interpretarse como un censo penitenciario actualizado de manera independiente.

Traslados de internos y aplazamientos de audiencias

Uno de los problemas que la iniciativa busca atender está relacionado con los desplazamientos de personas privadas de libertad hacia las sedes judiciales.

Estos procedimientos requieren coordinación entre autoridades penitenciarias, agentes encargados de la custodia y organismos judiciales.

Cuando existen dificultades logísticas, determinadas audiencias pueden experimentar retrasos o aplazamientos.

Ulloa considera que la celebración de actuaciones judiciales dentro de centros penitenciarios podría reducir parte de esas dificultades.

La medida también podría facilitar la participación de jueces y representantes de las instituciones correspondientes, siempre que se establezcan protocolos adecuados.

Sin embargo, para evaluar sus resultados sería necesario conocer posteriormente cuántas audiencias se realizan, cuántos aplazamientos se evitan y qué impacto tiene la iniciativa sobre los tiempos de tramitación.

Justiniano Montero incluye tribunales móviles en su agenda judicial

La propuesta forma parte de las medidas anunciadas por el magistrado Justiniano Montero Montero, quien asumió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia el 10 de noviembre de 2026, en sustitución de Luis Henry Molina.

Durante la presentación de sus prioridades institucionales, Montero planteó la utilización de tribunales móviles en las cárceles con mayor concentración de personas privadas de libertad.

El objetivo anunciado es mejorar la eficiencia judicial y disminuir las dificultades que provocan aplazamientos.

La iniciativa está vinculada a una agenda de trabajo orientada a fortalecer la administración de justicia, agilizar procedimientos y mejorar la respuesta institucional.

Hasta el momento, el anuncio no permite establecer cuántos tribunales móviles estarán disponibles ni cuáles serán los primeros establecimientos penitenciarios intervenidos.

Esos detalles serán importantes para conocer el alcance operativo de la propuesta.

¿Qué garantiza el artículo 69 de la Constitución dominicana?

El artículo 69 reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso.

Entre las garantías comprendidas se encuentran el derecho a ser escuchado por una jurisdicción competente, independiente e imparcial y a obtener una decisión dentro de un plazo razonable.

Estos principios también resultan aplicables a las personas privadas de libertad, quienes conservan sus derechos fundamentales con las limitaciones legalmente derivadas de su situación.

Por esa razón, cualquier mecanismo destinado a facilitar audiencias debe respetar las garantías procesales, incluido el derecho de defensa.

La celebración de una audiencia dentro de una cárcel no significa que puedan reducirse las condiciones de independencia judicial, acceso a la asistencia legal o participación efectiva de las partes.

La utilidad de los tribunales móviles dependerá tanto de su capacidad para agilizar procedimientos como de la protección de estos derechos.

Prisión preventiva y necesidad de una justicia oportuna

La situación de las personas sometidas a prisión preventiva constituye otro de los asuntos relacionados con el debate sobre la sobrepoblación penitenciaria.

La prisión preventiva es una medida de coerción que puede imponerse bajo las condiciones establecidas por la legislación procesal penal, pero no constituye una sentencia condenatoria.

Por tanto, las personas sometidas a esta medida mantienen la presunción de inocencia.

La revisión oportuna de sus procesos resulta importante para evitar demoras injustificadas y determinar, conforme a cada caso, si corresponde mantener, modificar o finalizar la medida.

Los tribunales móviles podrían facilitar algunas de estas actuaciones, aunque su efecto dependerá de las competencias de los órganos participantes y de las decisiones judiciales adoptadas.

La reducción sostenible de la sobrepoblación también requiere evaluar otros factores relacionados con el sistema penitenciario y la administración de justicia.

Defensor del Pueblo desarrolla jornada de orientación en Puerto Plata

Las declaraciones de Pablo Ulloa fueron ofrecidas durante la celebración de la Ruta por la Ciudadanía, desarrollada en Puerto Plata.

Como parte de la actividad, el defensor del Pueblo participó en la charla-taller «El nuevo Código Penal: conocer nuestros derechos para protegerlos».

El encuentro se celebró en la Sala Capitular del Ayuntamiento Municipal de Puerto Plata y estuvo dirigido a promover la comprensión de los derechos y las normas jurídicas.

La jornada forma parte de la estrategia de acercamiento territorial de la Defensoría del Pueblo, mediante actividades educativas y espacios de diálogo con la ciudadanía.

Este tipo de iniciativas busca facilitar que las personas conozcan los mecanismos institucionales disponibles para la protección de sus derechos fundamentales.

Tribunales móviles: una propuesta que requiere seguimiento

El respaldo expresado por Pablo Ulloa añade una perspectiva de derechos humanos al debate sobre la implementación de tribunales móviles en República Dominicana.

La propuesta plantea acercar los servicios judiciales a la población penitenciaria y reducir obstáculos que pueden retrasar determinados procedimientos.

Sin embargo, sus resultados deberán evaluarse una vez que se conozcan los centros seleccionados, las condiciones de funcionamiento y la cantidad de audiencias celebradas.

También será necesario determinar si la iniciativa contribuye efectivamente a reducir los aplazamientos y mejorar los tiempos de respuesta.

Por ahora, el defensor del Pueblo respalda la propuesta como una vía para fortalecer el debido proceso y atender algunas de las dificultades asociadas con la sobrepoblación carcelaria, mientras permanece pendiente su implementación y evaluación.

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